El desfalco legal de los parquímetros en la Roma Norte
Por: Luis Eugenio Parés Sevilla.
Las calles como botín.
En teoría, los parquímetros instalados en la Ciudad de México tienen un objetivo noble: ordenar el uso del espacio público, mejorar la movilidad y reinvertir parte de lo recaudado en obras para las colonias afectadas. Pero en la práctica, este sistema ha sido secuestrado por intereses privados y tolerado por autoridades omisas. La Roma Norte y Roma Norte Poniente son prueba viva de este desvío sistemático de recursos.
Desde 2013, el polígono Roma-Condesa ha generado más de 1,000 millones de pesos por concepto de parquímetros. De ese total, el 30% —unos 300 millones de pesos— debieron destinarse a obras urbanas como banquetas accesibles y seguras. La realidad es muy distinta: solo 50 millones de pesos han sido ejercidos en obras peatonales, y la mayoría no en las zonas más críticas.
Mientras tanto, las empresas operadoras se han quedado con el 70% de la recaudación: un negocio multimillonario que ha lucrado con el espacio público, sin rendir cuentas a los vecinos ni mostrar resultados proporcionales a sus ingresos.
El contrato roto.
El esquema opera bajo Permisos Administrativos Temporales Revocables (PATR). Estos establecen que 30% de lo recaudado debe ir directamente a las colonias para mejoras en infraestructura urbana, y un 20% adicional debía aplicarse en seguridad pública —este último fue borrado de los contratos finales sin explicación.
Las cifras hablan por sí solas. Entre 2016 y 2020, se recaudaron casi 800 millones de pesos; de ellos, más de 240 millones eran para obras vecinales. Sin embargo solo 97 millones fueron realmente ejercidos. En 2022, de 158 millones recaudados, solo 16 millones llegaron a los proyectos.
Las calles de Álvaro Obregón, Durango y Colima lucen banquetas quebradas, rampas inexistentes y obstáculos permanentes. Y mientras la ciudadanía tropieza (literalmente), la prioridad del gobierno ha sido reencarpetar vialidades como el Circuito Ámsterdam, con una inversión de 15 millones de pesos solo en 2024 —el triple de lo asignado a banquetas en toda la Roma Sur.
El costo de caminar.
En la Roma Norte caminar es un deporte de alto riesgo. Las banquetas, lejos de ser un espacio seguro y accesible, están fragmentadas, invadidas por terrazas de restaurantes y descuidadas al grado de provocar constantes accidentes. Personas mayores, niños y personas con discapacidad enfrentan barreras físicas permanentes, mientras el gobierno presume “mejoras urbanas”.
Vecinos han documentado cómo terrazas ilegales reducen las banquetas a franjas de 60 centímetros, obligando a peatones a caminar por la calle. Las rampas están bloqueadas o mal diseñadas. Y lo más grave: no existe un plan transparente ni urgente para revertir esta situación.
La desigualdad es clara: lo que sí fluye sin obstáculos son los beneficios a privados. Las operadoras de parquímetros se han embolsado más de 1,200 millones de pesos, sin auditorías públicas, sin rendición de cuentas, y sin control ciudadano.
Mientras tanto, se invirtieron 15 millones de pesos en el reencarpetado del Circuito Ámsterdam, priorizando la movilidad vehicular.
El esquema opera bajo Permisos Administrativos Temporales Revocables (PATR). Estos establecen que 30% de lo recaudado debe ir directamente a las colonias para mejoras en infraestructura urbana, y un 20% adicional debía aplicarse en seguridad pública —este último fue borrado de los contratos finales sin explicación.
Las cifras hablan por sí solas. Entre 2016 y 2020, se recaudaron casi 800 millones de pesos; de ellos, más de 240 millones eran para obras vecinales. Solo 97 millones fueron realmente ejercidos. En 2022, de 158 millones recaudados, solo 16 millones llegaron a los proyectos.
Las calles de Álvaro Obregón, Durango y Colima lucen banquetas quebradas, rampas inexistentes y obstáculos permanentes. Y mientras la ciudadanía tropieza con estas trampas (literalmente), la prioridad del gobierno ha sido reencarpetar vialidades como el Circuito Ámsterdam, con una inversión de 16 millones de pesos solo en 2024 —el triple de lo asignado a banquetas en toda la Roma Sur (que no tiene instalados parquímetros).
¿Y la autoridad?.
Ni la SEMOVI ni la Alcaldía Cuauhtémoc han logrado garantizar que el 30% prometido llegue a las colonias. El dinero va a la bolsa general del gobierno y se diluye sin rastro. No existen auditorías independientes publicadas, ni informes claros por colonia. No hay transparencia ni control ciudadano efectivo.
Incluso cuando existen mecanismos formales como los Comités de Transparencia de las zonas de parquímetros, su efectividad ha sido nula: no tienen capacidad vinculante ni control real sobre el presupuesto.
Las autoridades han privilegiado a los operadores. Hay una omisión sistemática y cómplice para no fiscalizar los recursos ni corregir las fallas del modelo. La lógica es clara: primero el coche, después el peatón. Primero la ganancia, después la comunidad.
El reclamo vecinal.
Colectivos ciudadanos y vecinos organizados exigen la revocación del contrato actual con las empresas operadoras, una auditoría pública de todos los ingresos desde 2013, y proponen una redistribución de recursos con justicia urbana: más del 50% del 30% (al menos el 15% del total recaudado) debe aplicarse
exclusivamente a rehabilitar banquetas,accesibilidad peatonal y abrir espacios peatonales.
También reclaman una normativa que prohíba a restaurantes ocupar más de un metro de banqueta y que se garantice un mínimo de dos metros libres para el paso peatonal (existe esta normativa y no se cumple) Ejemplo en la glorieta de cibeles en la parte correspondiente al espacio entre la calle de Medellín y Durango se han apropiado 3 restaurantes de todo el espacio público modificando ilegalmente el diseño y entorno arquitectónico de la zona)
Una propuesta concreta: destinar 100 millones de pesos en los próximos cinco años exclusivamente para banquetas en Roma Norte e Hipódromo. Financiamiento no falta: solo hace falta voluntad política y una visión que ponga a las personas en el centro de las obras de mejoras urbanas.
La ciudad que merecemos.
El caso de la Roma Norte no es una excepción, sino un síntoma de una política urbana que ha permitido privatizar lo público sin control ni beneficios sociales. Las calles no deben ser negocios. El espacio público no puede estar secuestrado por la ganancia.
Urge una ciudad caminable, segura y equitativa. Y eso empieza por recuperar el dinero que nos pertenece a los habitantes de lascolonias y exigir que se use para lo que fue prometido: obras que mejoren la vida de quienes habitan, trabajan y caminan por estas colonias todos los días.
El caso de la Roma Norte revela una política urbana que privatiza lo público.
El espacio público no debe ser negocio. Urge recuperar los fondos y garantizar infraestructura segura para los peatones.