Causas y consecuencias.
Breve análisis de la violencia en hoy en Michoacán.
Por Luis Eugenio Parés Sevilla.
La violencia que hoy desgarra regiones enteras del país no es un fenómeno espontáneo ni obra exclusiva de “malos gobernantes recientes”. Es la consecuencia directa de un desmontaje deliberado del Estado social que comenzó en los años ochenta y se profundizó en 1992 con las reformas al artículo 27 constitucional y con el andamiaje neoliberal que abrió paso al TLCAN —hoy T-MEC— y a la privatización de los bienes comunes. Ese giro de rumbo rompió el pacto social de 1917 y dejó a millones de personas, ejidos y comunidades frente al mercado y frente al crimen… sin Estado.
Hoy vemos el resultado: municipios completos sometidos por grupos criminales; economías regionales productivas (aguacate, berries, turismo, minería, agua) capturadas por redes político-privadas–delictivas; y una derecha económica y política que, en lugar de reconocer que este desorden lo sembraron sus reformas de 1992 en adelante, pretenden “incendiar el país” con discursos de mano dura, golpes blandos y guerra híbrida, para recuperar privilegios y blindar el modelo que nos trajo hasta aquí.
De la Constitución social de 1917 al Estado mínimo de 1992.
La Constitución de 1917 asentó una idea muy clara: la Nación es la propietaria originaria de tierras, aguas y recursos del subsuelo, y el Estado tiene la obligación de administrarlos con sentido social, de corregir desigualdades históricas y de garantizar que los pueblos vivan de su territorio. Eso es lo que el artículo 27 expresaba en su sentido original.
La reestructuración neoliberal rompió ese principio en tres movimientos: Se frenó el reparto agrario y se abrió la puerta a la venta de tierras ejidales. La reforma de 1992 al 27 constitucional puso fin al mecanismo que equilibraba la tenencia de la tierra y que daba base económica a millones de campesinos. Al poder privatizar o enajenar parcelas y al debilitar la propiedad social, se desarmó un pilar del pacto posrevolucionario.
Se crearon leyes secundarias para convertir el agua y el territorio en mercancía. La Ley de Aguas Nacionales de 1992 montó un régimen de concesiones que priorizó a grandes usuarios agrícolas, industriales, mineros y turísticos sobre las comunidades, produciendo acaparamiento y privatización de facto del agua.
Se abrió al capital privado sectores estratégicos (energía, turismo, después minería y telecomunicaciones) sin fortalecer la rectoría del Estado. Esto permitió la “acumulación por desposesión”: se sacó a ejidos y comunidades de las zonas de alto valor y se trasladaron esos beneficios a consorcios nacionales y extranjeros.
Es decir: no fue un simple “cambio de modelo”, fue el desmantelamiento paulatino del Estado social.
TLCAN / T-MEC: el candado internacional del despojo.
Sobre ese cambio interno se colocó otro candado: el libre comercio con reglas hechas para las grandes economías. El TLCAN primero y el T-MEC después amarraron a México a una lógica exportadora, de bajos salarios y de entrega de recursos, sin los instrumentos de política pública que un país en desarrollo necesita para proteger a su agricultura, su energía, su minería o su tecnología.
Aquí hay que ser incisivos: no se puede seguir con un tratado que impide usar plenamente el petróleo, el litio, el agua, la tierra y la biodiversidad para el desarrollo nacional; que somete nuestras decisiones ambientales y alimentarias a paneles internacionales; y que castiga cualquier intento de política industrial propia. Detener la forma actual del T-MEC —o al menos suspender su aplicación en capítulos estratégicos— no es aislamiento: es recuperar margen de maniobra para reconstruir un Estado social fuerte.
Otra alternativa es una estrategia para la salida del T-MEC y la reorientación comercial.
La salida del T-MEC es un proceso complejo que debe ser planeado y ejecutado de manera estratégica para minimizar impactos económicos negativos en el corto plazo y maximizar beneficios en el mediano y largo plazo.
● Ejercer la Cláusula de salida: El T-MEC establece en su Artículo 34.7 que el tratado tiene una vigencia de 16 años, con revisiones periódicas. México debe notificar a sus socios la decisión de no continuar en el tratado, activando este mecanismo de manera formal y diplomática.
● Transición hacia un Modelo de Comercio Soberano: En lugar de depender de un solo tratado, se debe diversificar la política comercial con acuerdos bilaterales o multilaterales que no comprometan la soberanía nacional. El Plan Nacional de Desarrollo ya identifica la necesidad de reducir la dependencia de insumos extranjeros y fortalecer las cadenas de valor locales.
● Protección a Sectores Estratégicos: Implementar aranceles y apoyos gubernamentales para sectores vulnerables pero cruciales, como el maíz y la agricultura familiar, que fueron gravemente afectados por las importaciones masivas bajo el TLCAN/T-MEC. Esto debe ir acompañado de una política industrial que fomente la sustitución de importaciones en sectores clave como el electrónico, médico y farmacéutico.
Violencia como resultado, no como causa.
El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, no es un hecho aislado ni “una falla de seguridad”. Es la expresión más brutal de un sistema que combinó:
● territorios de alto valor económico (aguacate, agua, turismo, minería);
● Estado debilitado o ausente;
● y redes político-criminales que vieron en ese vacío la oportunidad de controlar producción, cobrar “derecho de piso”, decidir quién invierte y quién no.
Cuando una autoridad local se atreve a nombrar esa complicidad, a señalar que en los propios partidos hay infiltración y que “un grupo de delincuentes se apropió del movimiento”, se vuelve un obstáculo para esa cadena de acumulación ilegal y la respuesta es el balazo. Eso pasa en Uruapan, en Michoacán y en por lo menos nueve estados donde el crimen ya disputa funciones estatales. Y eso pasa porque el Estado, amarrado a compromisos políticos y a reglas económicas externas, no ha recuperado su capacidad de gobernar el territorio.
La violencia en México
¿Qué hay que corregir? Volver al espíritu del 27… pero del siglo XXI.
No basta con denunciar 1992; hay que proponer con claridad qué cambiar:
El objetivo de esta reforma es corregir los efectos desestructuradores de la contrarreforma de 1992, enfocándose en proteger la tierra y los recursos naturales como bienes nacionales estratégicos.
Reforma constitucional al artículo 27 para:
○ reafirmar el carácter de bien común y no mercantilizable del agua, con prioridad al consumo humano, a la alimentación y a la producción social;
○ Fortalecimiento de la Propiedad Social: Se propone revalorizar el régimen ejidal y comunal, no solo como un derecho de tenencia, sino como un actor clave en la producción nacional. Establecer mecanismos legales para proteger estas tierras del acaparamiento y la especulación, priorizando su uso para la producción de alimentos para el mercado interno.
○ Límites a la enajenación de tierras: Revisar y establecer límites más estrictos a la compra-venta y, especialmente, a la renta a largo plazo de tierras ejidales y comunales a grandes corporaciones, nacionales o extranjeras, para frenar el despojo y el desplazamiento de comunidades.
○ blindar de forma expresa la inalienabilidad de tierras ejidales y comunales de alto valor ambiental, hídrico o agroalimentario;
○ Recursos Estratégicos y Soberanía: Reafirmar que el agua, los hidrocarburos y los minerales son propiedad de la Nación, con un control inderogable por parte del Estado. La actual política de “agua, energía y alimentos para la soberanía” del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 es un primer paso, pero debe ser blindada constitucionalmente para evitar que futuros gobiernos la reviertan.
○ reconocer como sujetos de derecho pleno a los núcleos agrarios y pueblos indígenas en la administración de su territorio y sus recursos;
○ Facultar al Estado para recuperar áreas estratégicas cuando haya riesgo a la soberanía alimentaria, energética o hídrica. Revisión y sustitución del régimen de concesiones de 1992: toda concesión de agua, minería, energía o turismo debe estar condicionada a la utilidad pública, a la protección ambiental y al desarrollo local. Las que no cumplan, deben revocarse.
Cláusula constitucional de soberanía económica frente a tratados: ningún tratado comercial o de inversión podrá tener efectos superiores a los de la Constitución en materia de tierra, agua,
energía, minería y alimentación. Esto abriría la puerta para revisar o suspender capítulos del T-MEC que hoy nos atan.
Rectoría productiva del Estado social: lejos de “empresarializarlo” todo, el Estado debe volver a planear e invertir en cinco ejes: agropecuario, energético, minero, tecnológico e industrial nacional, con empresas públicas y mixtas que arrastren cadenas de valor y que integren a jóvenes y mujeres.
Impulsar el desarrollo… no más despojo.
Recuperación de la rectoría económica del Estado.
El Estado debe retomar un papel activo en la planeación y conducción de la economía, más allá de ser un simple facilitador para la inversión privada.
● Política Industrial Nacionalista: El Estado debe dirigir la inversión hacia sectores estratégicos definidos en el Plan México, como el sector eléctrico, energético, semiconductores, electrónico, farmacéutico y agroindustrial. El objetivo es alcanzar un 50% de contenido nacional en las compras gubernamentales y en industrias clave como la automotriz, creando encadenamientos productivos internos.
● Fortalecimiento de Empresas Públicas: Es fundamental capitalizar y modernizar empresas estatales estratégicas como PEMEX y CFE. La meta del Plan Nacional de Desarrollo de lograr un 80% de producción petrolera nacional y un 56% de generación eléctrica estatal es un camino correcto para recuperar la soberanía energética y controlar precios.
● Autosuficiencia Alimentaria y Gestión del Agua: Priorizar la producción de alimentos básicos (maíz, frijol, trigo, arroz) para el consumo interno. Paralelamente, se debe lanzar un plan nacional de infraestructura hídrica para enfrentar la crisis del agua, promoviendo el uso eficiente en la agricultura (que consume el 70% del recurso) y el reciclaje en la industria.
Con este marco constitucional corregido, sí se puede lanzar un programa nacional de desarrollo con sentido social:
● Agropecuario: crédito público y precios de garantía ligados a compras gubernamentales; irrigación y manejo de cuencas bajo control social; rescate de distritos de riego; fomento a la agroindustria ejidal y comunitaria.
● Energético: fortalecer a las empresas públicas y la generación distribuida comunitaria; que las ganancias financien infraestructura social.
● Minero: pasar del modelo de regalías mínimas a uno de participación pública mayoritaria en yacimientos estratégicos, con fondos regionales.
● Tecnológico: orientar universidades y centros públicos hacia la sustitución de importaciones y la digitalización del campo, no solo a proveer mano de obra barata a maquilas.
● Económico-territorial: protección activa de costas, playas y zonas turísticas para que el beneficio quede en los municipios y ejidos, no solo en cadenas hoteleras.
Todo ello exige un Estado que mande, no uno que pida permiso.
Síntesis del impacto esperado.
Esta propuesta constituye un cambio de paradigma: de un modelo de desarrollo orientado a la exportación y dependiente de la inversión extranjera, a uno centrado en el mercado interno, la soberanía y la justicia social.
Los impactos esperados a mediano plazo serían:
● Reducción de la vulnerabilidad externa: Al producir localmente lo que se consume y se necesita para la industria, la economía mexicana será menos susceptible a las crisis globales y a las presiones geopolíticas.
● Redistribución de la riqueza: Al fortalecer la economía local, los pequeños productores y la industria nacional, se generará empleo bien remunerado y se reducirán las desigualdades regionales.
● Recuperación de la soberanía: La capacidad del Estado para tomar decisiones en beneficio de la mayoría, sin estar sujeta a los intereses de corporaciones trasnacionales o las cláusulas de tratados comerciales que limitan su acción, será restaurada.
Esta transición no está exenta de desafíos, pero es una condición necesaria para construir un proyecto de nación verdaderamente independiente y con justicia social.
Frenar el intento de la derecha de re-privatizar el país.
Quienes hoy se escandalizan por la violencia y acusan “falta de Estado” son los mismos grupos que promovieron las reformas de 1992, la liberalización del agua, la apertura indiscriminada y los tratados asimétricos. Lo que quieren es que el Estado renuncie definitivamente a
sus funciones para que los monopolios privados ocupen su lugar. Eso hay que decirlo sin rodeos.
La respuesta no es regresar al autoritarismo, sino reconstruir el Estado social, democrático y planificador, capaz de enfrentar al crimen porque controla el territorio, capaz de ordenar la economía porque controla los recursos, y capaz de negociar hacia afuera porque tiene respaldo constitucional.
En resumen: la violencia es el síntoma; la causa está en la ruptura del proyecto social de 1917 que se consumó en 1992 y se amarró con el TLCAN/T-MEC. Para desactivar esa violencia hay que rehacer el artículo 27 en clave de soberanía del siglo XXI, revisar o detener el T-MEC donde contradiga esa soberanía, y volver a poner al Estado social al frente del desarrollo agropecuario, energético, minero, tecnológico y económico del país. Todo lo demás es solo administrar la crisis, y esta será recurrente.